En total, un 15% de la población mundial tiene una discapacidad, es decir: una de cada siete personas. El término "personas con discapacidad" incluye a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Al respecto:

Por lo tanto, hay una superposición significativa entre las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, que debería tenerse en cuenta al diseñar e implementar respuestas inclusivas a la COVID-19. También las personas con discapacidad no son personas adultas mayores tienen distintas necesidades, y lo mismo ocurre con las personas adultas mayores que no tienen discapacidad, lo cual también debe tenerse en cuenta. A continuación, se mencionan distintas consideraciones para cada uno de estos grupos superpuestos.

Incluir a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores se trata de reconocer sus derechos humanos básicos

La ONU reconoce que el derecho humano al agua y al saneamiento es fundamental para conseguir todos los demás derechos humanos. Esta noción también se incluye en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), que ha sido suscripta por 163 países y establece que las respuestas humanitarias deben contemplar a las personas con discapacidad (Artículo 11). Recientemente, el secretario general de las Naciones Unidas instó a los gobiernos "a que den protagonismo a las personas con discapacidad en sus actividades de respuesta a la COVID-19 y de recuperación posterior, y a que las consulten y colaboren con ellas". Aunque las obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores están implícitas en diversos tratados (entre ellos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), son limitadas las referencias explícitas a las personas adultas mayores en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Aplicar los principios rectores de los derechos humanos (igualdad y no discriminación, participación, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad) en las actividades de respuesta a la COVID-19 puede reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de WASH y de salud y las desigualdades en la participación en las actividades cotidianas. Los programas de higiene y de prevención de la COVID-19 a nivel comunitario también son una oportunidad para que los actores de WASH practiquen el WASH inclusivo, algo a lo que el sector le ha estado dando prioridad en los últimos años.

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Notas sobre revisión académica:

Redactado por: Jane Wilbur

Primera revisión: Hannah Kuper, Islay Mactaggart, Sian White, Chelsea Huggett

Segunda revisión: Bethany Caruso, Diana Hiscock, Islay Mactaggart

Última actualización: 08/09/2020

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